A nivel legal, el panorama empresarial ha cambiado de forma radical en estos últimos años. Lo que antes se solucionaba con multas administrativas o expedientes sancionadores ahora puede terminar en un procedimiento penal que tiene consecuencias bastante graves. No solamente hablamos de delitos medioambientales, sino que también existen los de carácter económico.
Un contexto que ha cambiado
Se puede decir que desde hace una década, bastantes infracciones ambientales o irregularidades económicas se han quedado en el ámbito administrativo. En la actualidad, la Fiscalía de Medio Ambiente, la de Anticorrupción y otras unidades especializadas, como sucede con el SEPRONA o la UDEF cuentan con medios, personal y mandato para poder llevar casos de gran complejidad hasta los juzgados.
Lo que es más importante y con lo que debes quedarte es que no es necesario que se haya producido un daño efectivo. En materia ambiental, ya es susceptible de castigo con que la conducta genere un peligro grave para el equilibrio de los sistemas naturales o la salud de las personas, siempre que se haya infringido la normativa administrativa protectora.
En el plano económico, bastantes conductas son punibles, por haberlas cometido, sin que haya un perjuicio cuantificable.
¿Qué tipos de situaciones pueden derivar en responsabilidad penal?
En mi caso, no estaba muy puesto en la materia, pero me vi inmerso en la necesidad de una defensa en un caso de fraude en Alicante y, buscando profesionales, encontré buenas opiniones sobre Antonucci y Portillo Abogados, los cuales vi que prestaban servicio en este campo, además de otros como apropiación indebida, blanqueo de capitales, etc.
Lo cierto es que el campo del derecho medioambiental es bastante más variado de lo que podemos pensar. Os cuento algunos de los campos:
- Vertidos no autorizados a cauces públicos o al mar
- Emisiones atmosféricas que sean superiores a los límites legales
- Gestión inadecuada de los residuos, en especial cuando son peligrosos
- Obras en zonas protegidas o sin que haya la receptiva evaluación de impacto ambiental
- Contaminación de suelos al realizar actividades industriales o de almacenamiento de sustancias.
- Delitos urbanísticos vinculados a construcciones legales que afecten al entorno
En el campo económico, los riesgos incluyen:
- Delitos fiscales por impago de los tributos o presentaciones de declaraciones falsas
- Delitos de sociedades, como puede ser la administración desleal, apropiación indebida o los alzamientos de bienes
- Estafas y fraudes para los clientes, proveedores o entidades financieras
- Delitos contra los derechos de los trabajadores, como son el impago de los salarios o la falta de medidas en materia de seguridad laboral
- Delitos contra el mercado y los consumidores, como pueden ser una manipulación de mercado o la publicidad engañosa grave.
- Delitos de blanqueo de capitales que estén vinculados a operaciones financieras opacas.
Todas estas situaciones que se pueden producir, es posible que comiencen como una inspección rutinaria, la denuncia de un trabajador o una investigación que parta de la prensa y en ocasiones pueden acabar siendo objeto de un procedimiento penal cuando se detecten indicios de delito.
Las consecuencias van mucho más allá de la multa
La responsabilidad penal de las personas jurídicas se produce según el Código Penal cuando el delito se cometa en su nombre, por su cuenta o en beneficio directo o indirecto de sus representantes legales, directivos, administradores o empleados.
Esta responsabilidad es autónoma e independiente de las atribuciones que se puedan realizar a las personas físicas. Es posible condenar a la empresa, pese a que los responsables directos puedan ser absueltos, se encuentren en paradero desconocido o no se puedan juzgar.
Las sanciones aplicables a la empresa van a incluir:
- Multa que puede ir de uno a tres años, o del doble al cuádruple del perjuicio que se haya llegado a causar en el caso de que la cantidad resultante fuese más alta.
- Suspensión de las actividades por un plazo máximo de cinco años.
- La clausura de forma temporal o definitiva de establecimientos o locales.
- Prohibición de contratar con el sector público y de obtener subvenciones o ayudas públicas.
- Intervención judicial para la salvaguarda de los derechos de los trabajadores y de los acreedores.
- Inhabilitación para la obtención de ayudas públicas por espacio de varios años.
Lo cierto es que para una pequeña o mediana empresa, este tipo de medidas pueden ser letales. No hablamos del mero coste económico, es que se paralizan las operaciones, se pierden contratos, se hace un daño a nivel reputacional y puede llegar a suponer un cierre definitivo.
Los directivos y administradores pueden enfrentar penas de prisión que, dependiendo del delito, pueden llegar a oscilar entre seis meses y varios años.
No nos encontramos ante algo teórico; en estos últimos años hemos podido ver casos de empresarios y altos ejecutivos que fueron condenados por delitos ambientales y económicos que estaban vinculados a sus actividades profesionales.
Razones por las que no vale cualquier abogado
Justo aquí es donde debemos hablar de lo importante que es contar con un bufete especializado en el campo del derecho penal, económico y ambiental. Además de tener un abogado penalista, se hace necesario contar con un equipo que pueda combinar el rigor del derecho penal con los conocimientos a nivel técnico y jurídico en campos como el ambiental, societario, fiscal o económico.
Los despachos generalistas son capaces de defender bien un robo o lesión, pero los delitos económicos y medioambientales cuentan con sus propias reglas, lógica y actores.
Estamos hablando de peritajes técnicos de especial complejidad, informes financieros, auditorías e informes de impacto ambiental, normativas sectoriales en concreto y de autoridades como puede ser la UDEF, el SEPRONA o la Fiscalía Anticorrupción, que no son lo mismo que la policía judicial ordinaria.
Hay que tener en cuenta que defender este tipo de casos es algo que no comienza en los juzgados: comienza bastante antes, en la fase investigadora, cuando todavía no existe acusación formal, pero existen indicios de que algo es posible que vaya mal.
Un equipo experimentado sabe cómo se debe actuar en dicha fase de cara a poder proteger los intereses empresariales y de los directivos, así como recopilar pruebas, negociar medidas correctivas y, en muchas ocasiones, evitar que el asunto pueda llegar a juicio.
La prevención es fundamental: el compliance económico y ambiental
Recuerda que el número de empresas que incorporan modelos de compliance, en concreto para los riesgos económicos y ambientales, cada vez es mayor.
No solo consiste en el cumplimiento de la normativa; hay que demostrarlo, con firmas, fechas, registros y evidencias técnicas.
Un bufete especializado es de gran ayuda de cara a:
- Hacer auditorías de la matriz de riesgo regulatorio ambiental y económico.
- Identificación de cuáles de las autorizaciones, concesiones y condiciones se encuentran vigentes y cuáles vencerán en los próximos meses.
- Diseño de un sistema para la trazabilidad documental de los cumplimientos.
- Establecimiento de una estructura de gobernanza corporativa con reporte formal al propio Consejo de Administración.
- Implementación de canales de denuncia internos y de protocolos de investigación de incidentes.
- Formación de directivos y trabajadores en prevención de delitos
Todo ello no solo hace que se reduzca el riesgo de delito. Si todavía se produce una acusación, contar con un modelo de prevención que sea robusto puede ser la diferencia entre una condena y una absolución. En este sentido, la acusación debe acreditar un defecto organizativo en concreto que puede ser atribuido a la entidad.
¿Qué se debe buscar en un bufete de abogados especializados en penal?
Todos los despachos que dicen estar especializados en derecho penal de carácter económico o ambiental no tienen la misma capacidad para poder abordar de manera eficaz este tipo de casos. Para una buena elección, es necesario fijarse en lo siguiente.
Experiencia demostrable
No solo vale con que se hayan llevado un par de casos. Se hace necesario contar con un historial sólido en defensa y acusación en procedimientos por delitos contra la Hacienda Pública, el Medio Ambiente, estafas o delitos societarios, etc.
Equipo multidisciplinar
En este sentido, lo ideal es que se cuente con abogados penalistas que puedan trabajar con expertos en las diferentes áreas del derecho, en áreas como urbanismo, mercantil, fiscal, ambiental y compliance.
Cobertura nacional
Los delitos económicos y ambientales no entienden de fronteras en el plano autonómico. Un bufete de nivel puede actuar en toda España y coordinarse con autoridades como pueden ser el SEPRONA, la UDEF y las fiscalías especializadas en cualquier punto de nuestro país.
Atención urgente
En muchas ocasiones, las inspecciones, registros o detenciones se producen fuera del horario laboral. Contar con disponibilidad las 24 horas es vital.
Enfoque preventivo y defensivo
No es solo defenderse cuando haya ya una acusación. Contar con un buen equipo es de gran ayuda cuando se quiere prevenir problemas antes de que sucedan.
Capacidad para negociar
Muchos de los casos es posible solucionarlos antes del juicio gracias a acuerdos, conformidades o medidas alternativas. Un abogado que tenga experiencia va a saber cuándo negociar y cuándo debe ir hasta el final.
En resumidas cuentas
Con lo que debes quedarte es que el derecho penal económico/ambiental dejó de ser un tema secundario para pasar a ser una prioridad estratégica para las empresas.
